Todos los detalles de la entrada en vigencia de la ley para que la comisión la pague el dueño.
La reciente promulgación de una normativa en Buenos Aires ha cambiado significativamente el marco de las comisiones inmobiliarias. A partir del 20 de septiembre, los costos asociados a estas comisiones, tradicionalmente asumidos por los inquilinos, recaerán ahora sobre los propietarios. La medida viene después de una modificación a una ley del año 2007. Esta norma había establecido inicialmente que el inquilino debía asumir el pago de la Comisión Inmobiliaria, equivalente al 4,15% del valor total del contrato, lo que generalmente traducía a un desembolso superior a un mes de alquiler.
Durante una década, esta ley fue sistemáticamente incumplida, un hecho que derivó en una presentación judicial. Según se argumenta, “demostramos que se estaba colando el doble de la Comisión que correspondía por ley y la justicia local falló a favor nuestro”, llevando a un orden judicial que obligó al sector inmobiliario a ceñirse a las normativas establecidas y a cobrar una comisión limitada al mencionado porcentaje.
Sin embargo, esta resolución judicial sólo marcó el inicio de un nuevo capítulo en la lucha por cambios en las prácticas injustas del alquiler.
“Empezamos a plantear que el inquilino no es el que tiene que pagarle la Comisión a la inmobiliaria porque en definitiva es el propietario el que la contrata”
Se argumenta que, dado que las inmobiliarias trabajan principalmente para el propietario, es a este último a quien le corresponde asumir el coste del servicio.
Esta problemática no es exclusiva de Buenos Aires, sino que refleja una practica extendida a lo largo de todo el país, en donde “hace mucho tiempo lo paga el inquilino”.
Sin embargo, concebir un sistema más equitativo es posible según las propuestas presentadas ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad hace aproximadamente un año.
Estas propuestas no sólo incluyen que “la Comisión la pague el dueño”, sino también otros cambios enfocados en facilitar el acceso al alquiler. Entre ellos, se propuso la prohibición de exigencias como presentar títulos de propiedad como garantía para alquilar un departamento.
Además, se sugirió la implementación de un sistema alternativo a las garantías tradicionales, así como hacer gratuitos los pedidos de informes y las certificaciones de firma ante escribano, lo que podría reducir los costos adicionales que frecuentemente recaen sobre los inquilinos.
