Por Federico Kulekdjian
Si bien la norma actual no lo permite, vivir en pocos metros cuadrados no es ninguna novedad. Los desarrolladores encontraron la trampa, ya que los microdepartamentos de 18 metros cuadrados están habilitados como estudios profesionales y no como viviendas (el mínimo para viviendas es de 36 m2). Esta innovación -como la llaman- se la presenta como parte de una tendencia mundial que es furor en las grandes capitales del mundo. Se trata de un negocio con una baja inversión y alta rentabilidad, en un contexto donde las propiedades tuvieron un alza en dólares descomunal. Ahora, que la única solución para mejorar el acceso a la vivienda surja desde el mercado y no desde Estado es una clara señal de que la vivienda no es un derecho, sino una mercancía.
Durante los últimos 15 años se construyeron metros cuadrados con destino de vivienda como nunca antes en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, hay una vivienda cada dos habitantes. Muchas están deshabitadas y a la espera de una valorización del suelo que garantice mayores márgenes de ganancias. Este proceso concentró las viviendas en pocas manos, generando una Ciudad cada vez más desigual, con más inquilinos y menos propietarios, pero que concentran cada vez más propiedades.
En este contexto, desde el Gobierno porteño se impulsa la actualización de los códigos de edificación y de planeamiento urbano, una de las herramientas de gestión local para determinar qué se construye, dónde se construye y cómo.
Con esta iniciativa, el Gobierno Porteño reafirma esta tendencia de concentración de mercado, especulación y de construcción sin límites. Según funcionarios del ministerio de Desarrollo Urbano, la iniciativa explotará al máximo la capacidad constructiva de la Ciudad, que se encuentra en un 60%.
La cara más oscura de esta iniciativa es que el mercado inmobiliario, conformado por las desarrolladoras, las grandes constructoras y los estudios de arquitectura más importantes, trabajan en conjunto con los funcionarios porteños en la redacción de ambos códigos, que buscan crear el marco jurídico que les permita construir cada vez más y con menos control.
Este escenario se complejiza con una desregulación de alquileres formales e informales por parte del Estado, por no poner límites a la especulación inmobiliaria ni a la valorización excesiva del suelo urbano, a través de la captación de plusvalías (una suerte de impuesto de retorno de la ganancia inmobiliaria) y, sobre todo, por la falta de responsabilidad en la prosecución sobre el derecho a la vivienda.
Los inquilinos nuevamente somos los más perjudicados en este nuevo rumbo que toma la ciudad. Las modificaciones a los códigos sumados a los anuncios de nuevos créditos hipotecarios hacen que las propiedades se valoricen aún más, debido a la suba de los valores de los terrenos y la mayor demanda de inmuebles y esto, como siempre, se traslada al precio de los alquileres.
*Arquitecto de la FADU-UBA e integrante de Inquilinos Agrupados.
