El dirigente inmobiliario reveló una consecuencia no prevista de la Ley Nacional de Alquileres. Si acierta, seremos todos propietarios.
Poco después del dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, desde el mercado inmobiliario comenzaron una fuerte campaña para frenar el proyecto en discusión o -al menos- para aminorar su impacto: publicaron una solicitada, se reunieron con el gobierno nacional y convocaron a una conferencia de prensa. Una auténtica campaña del miedo basada en tres ideas principales: que el proyecto generará un desplome en la construcción, una retracción en la oferta y un aumento desmedido en el precio de los alquileres.
Resulta curiosa la idea de que los propietarios retirarán la oferta de departamentos en alquiler. Los locadores no son vendedores ambulantes. Se parecen en que no entregan facturas, pero se diferencias en que no pueden retirarse del mercado de los auriculares y volcarse al de los chocolates de una semana para la siguiente.
Si los propietarios consideran que no es rentable alquilar sus viviendas y, por ende, deciden retirarlas de la oferta, no tienen más que dos opciones: dejarlas vacías o venderlas. En el primer caso, además del dinero que dejarán de percibir por el alquiler, deberán pagar dos impuestos a la vivienda ociosa: el que impulsaremos el año que viene en todas las legislaturas provinciales y el que ya está vigente, conformado por expensas, impuestos y tarifas de servicios públicos. Si las venden, en cambio, el destino será aún más cruel. Se enfrentarán a un mercado atiborrado de propietarios atormentados por la nueva Ley de Alquileres, tratando de desprenderse del suplicio de sus viviendas.
Considerando las leyes de oferta y demanda, siempre aludidas por los dirigentes inmobiliarios, no cabe duda de que el precio de los inmuebles caería en picada. Ningún loco invertiría en un negocio del cual todos huyen, quedando un solo tipo de comprador disponible: el inquilino, que no invierte en un negocio, sino que resuelve su problema de vivienda. Al ser más rentable malvender una propiedad que alquilarla, se daría paso a un país de propietarios, siendo prácticamente inexistente el sector de los inquilinos. Asumimos que este es el pensamiento completo de Pepe y de sus colegas y desconocemos por qué siempre lo dejan inconcluso. Lamentablemente, nunca nos informan a quién tienen previsto venderle esas viviendas y a qué precio.
Los inquilinos prendemos velas y cruzamos los dedos. Ojalá Pepe tenga razón, pero, sinceramente, no tenemos muchas expectativas: ya nos defraudó el año pasado con sus fallidas predicciones sobre cómo se iba a comportar el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires tras la entrada en vigencia de la ley para que la comisión la pague el dueño. El efecto que tendrá la nueva legislación será virtuoso, pero más limitado: los propietarios seguirán siendo propietarios, los inquilinos seguiremos siendo inquilinos, las constructoras seguirán construyendo, el precio de los inmuebles seguirá por las nubes y las inmobiliarias seguirán desconociendo que las plataformas digitales son su principal amenaza. Se modificarán, claro está, aspectos importantes de las relaciones de alquiler.
En una relación tan asimétrica como es la de inquilino – propietario o lo que es muy similar, inquilino – inmobiliaria, una ley que amplía derechos de los sectores con menor poder de negociación jamás puede ser perjudicial para estos últimos. La retracción total de la oferta y el aumento desmedido en el precio funcionan muy bien como amenaza, ya hemos visto como esos discursos se instalan y recorren medios de comunicación, redes sociales y pasillos del Congreso, pero no tienen ningún viso de realidad. El precio estará siempre limitado por el máximo que puedan pagar los inquilinos y la rentabilidad propietaria bajará algunos puntos con el paso del tiempo, pero no será motivo de una retirada masiva de propiedades en alquiler.
El mercado inmobiliario se adaptará. Será difícil: habrá resistencia, incumplimientos, mentiras, denuncias, tensiones y las organizaciones de inquilinos tendremos que estar más presentes que nunca para garantizar el cumplimiento de la nueva legislación. Pero lo que sucederá, en definitiva, es que la ley se aplicará y los inquilinos podremos firmar mejores contratos: de mayor duración, con aumentos objetivos, con requisitos de ingresos más flexibles y donde los propietarios se harán cargo de lo que les corresponde. Todo esto, sin importar las declaraciones de dirigentes inmobiliarios que pronostican catástrofes en su afán de esconder intereses inconfesables.
*Secretario de prensa de Inquilinos Agrupados.
