La discusión política y pública sobre el acceso a la vivienda atravesó diferentes momentos en la Argentina. A principios del 1900, sucede la primera huelga inquilina; en 1920, Hipólito Yrigoyen lleva adelante un desagio del precio del alquiler; en 1943, Juan Domingo Perón (secretario de Trabajo) congela el precio de los alquileres, crea la Cámara de Alquileres para controlar la actividad, prohíbe la residencia vacía por más de un mes y establece la función social de la vivienda en la Constitución; los resultados de terminar con la renta son contundentes: la clase trabajadora puede comprar su techo.
Sin embargo, las sucesivas dictaduras irían desarmando el control del Estado. En el ‘77, Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz dolarizan las propiedades y desregulan por completo el precio del alquiler: era lo único que faltaba por hacer. Por su parte, Raúl Alfonsín lleva adelante una ley de alquileres gris; el negocio de la renta se torna cada vez más provechoso y exclusivo. Más tarde, con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, surge el Pro.cre.ar como medida de recuperación de empleo. Las pocas viviendas que se entregan se empiezan a sortear. Mientras, el mercado inmobiliario sigue de fiesta. El Estado ya no interviene en las reglas de juego, es decir, en la rentabilidad, el precio de venta, el alquiler, etc., y queda reducido a su mínima expresión hasta el 2020, año en que se sanciona la ley de alquileres.
El sueño de la renta propia
En un país que en veinte años duplicó el porcentaje de inquilinos mientras el mercado construía viviendas a niveles récord, se fue consolidando cada vez más la idea de convertir a la propiedad en una mercancía para hacer negocios.
Pensemos en el siguiente escenario. “A” sale sorteado en el Pro.cre.ar para un dos ambientes. Mientras, a “B”, que ya tenía un techo, le toca un departamento de 3 ambientes por Pro.cre.ar. En cambio, “C” es inquilino y su contrato está a punto de finalizar; no tiene posibilidades de pagar el nuevo alquiler y mucho menos de afrontar los costos de ingresos y de mudanza a una nueva casa. La solución que encontró C es irse al departamento de A, ya que este se mudará al de 3 ambientes de B. Por otro lado, B no quiere pagar el crédito de Pro.cre.ar porque a su familia no le convence vivir en el barrio donde el Estado construyó, por lo que C abonará de alquiler el monto que B debe pagar de expensas y crédito. B tendrá dos departamentos Pro.cre.ar, pero uno será costeado por el inquilino. El sueño de la renta propia.
Por otra parte, en las villas del AMBA crece la cantidad de inquilinos. Algunos que pudieron hacer unos pesos más invirtieron en la construcción de piezas -sobre tierra pública- que le cobrarán en alquiler a otros que están peor que ellos; por una pieza 4 x 5 con baño compartido puede llegar a cobrarse aproximadamente $70.000. Sálvese quien pueda.
Es común también el loteo de tierras fiscales por parte de bandas criminales que son vendidas a otras personas desesperadas por construirse un techo y tener un lugar donde dormir. Todos sueñan con percibir una renta en tiempos donde el salario no dignifica y la especulación es la moneda fuerte.
Mientras tanto, en este escenario, los gobiernos “populares”, frente a una crisis habitacional inédita, hacen bandera del “sueño” de la casa o el lote propio. Una fantasía en la que ya nadie cree, siendo que diez millones de inquilinos e inquilinas destinan la mitad de los ingresos totales del hogar a pagar el alquiler.
El sueño de la casta propia
Nadie está dispuesto a pagar el precio de enfrentarse a uno de los negocios más rentables de la Argentina. El mercado inmobiliario financia campañas, tiene diputados, senadores, concejales, intendentes y, por lo tanto, las políticas públicas de vivienda nunca se atreven a meterse con la renta. En Argentina no faltan propiedades; según el último censo, para 46 millones de habitantes, hay 18 millones de viviendas. Si la composición promedio del hogar es de 3 personas, no es muy difícil notar que, si a cada familia se le da una casa ya existente, sobrarían unas 3 millones.
Es difícil imaginar una sociedad que se desarrolle de forma igualitaria si 3 millones de hogares trabajan 15 días del mes para pagar el alquiler que imponen unos pocos rentistas. Y es aún más difícil cuando se ha popularizado el deseo de vivir de otros. “Cómo me gustaría vivir de rentas” es la frase que, hoy por hoy, se acuñó para dar cuenta del sueño de una vida tranquila.
Es en este ideario cultural que se apoya el resultado electoral; en la idea de un Estado ausente que permita dar rienda suelta a las capacidades individuales propias de una sociedad que ya no cree en que la realización colectiva es la única forma de la realización individual. De hecho, la realización individual está completamente desenganchada de la realización colectiva. La sociedad no existe, ahora hay tan solo un cúmulo de individualidades. La desafección a la cosa pública es mayoritaria.
Por derecha y por izquierda, el modelo del acceso a la vivienda responde al clima de época. El trabajador busca un hogar en el sector privado sin contar con ningún respaldo por parte del Estado; es el inquilino frente al libre mercado. No hay ventanilla estatal donde ir a reclamar, no hay discurso (más allá del proveniente de las organizaciones inquilinas) que cuestione el obsceno negocio que se aprovecha de la necesidad de tener un techo, ni en términos económicos ni mucho menos éticos. Somos los que tenemos que ayudar a las jubilaciones magras de aquellos que “invirtieron en un departamentito para completar una jubilación o la prepaga”.
El desafío es poner en discusión qué modelo de sociedad queremos y, sin lugar a duda, eso requiere discutir el acceso a la vivienda. ¿Alguien imagina que desde el Estado se sorteen turnos médicos o vacantes en escuelas? Quizás mejor no imaginarlo, porque todo parece indicar que vamos camino a ello.
La vivienda no puede ser un negocio, y para eso se deben llevar adelante medidas contundentes y que apunten en una sola dirección: que no sea rentable. Ese es el horizonte de una sociedad justa, donde no reine el sálvese quien pueda y donde no sean siempre los mismos perdedores y los mismos ganadores.
Gervasio Muñoz
Pte. Federación de Inquilinos Nacional.
Secretario de Formación de CTA-Ciudad.
