Esta mañana, los representantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Boca Resiste y Propone, La Asociación Civil Inquilinos Agrupados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, presentaron en la Legislatura porteña el proyecto de ley que busca mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en condición de alquiler. La iniciativa cuenta con el apoyo de legisladores de distintos bloques.
En el encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Perón del palacio legislativo, estuvieron presentes el Co Director de ACIJ, Sebastián Pilo, el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, el Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, el Director Ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, el Director de Acceso a la Justicia de la Procuración, Julián Axat y la representante de la organización La Boca Resiste y Propone, Natalia Quinto. Además, participaron y acompañan la iniciativa, los legisladores María Rosa Muiños (Bloque Peronista), Carlos Tomada y Andrea Conde (Frente para la Victoria), Adrián Camps (Socialista Auténtico), Laura Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), Claudio Palmeyro (Sindical Peronista), y representantes de los sindicatos UTE, SITRAJU Nación y ATE Capital.
Los legisladores Paula Penacca, José Campagnoli, Pablo Ferreyra, (FPV) y Hernán Rossi (SUMA +), también adhirieron al proyecto de ley.
Buenos Aires es la Ciudad con mayor proporción de inquilinos en todo el país. Según datos oficiales de 2015, más del 35% de los hogares porteños es inquilino. 15 años atrás, ese porcentaje era del 22%. En un contexto de aumento de la demanda y de regulación insuficiente, los inquilinos se ven obligados a someterse a condiciones abusivas y en muchos casos ilegales impuestas por las inmobiliarias y los propietarios. En otros casos, la dinámica excluyente con la que funciona este mercado tiene como consecuencia la imposibilidad de acceder al mercado de alquileres.
Este proyecto, producto del consenso entre estas organizaciones estatales y de la sociedad civil, se focaliza especialmente en las barreras de ingreso al alquiler, y es un aporte colectivo para generar condiciones más justas en la relación entre locador y locatario y para garantizar una mayor protección estatal de los inquilinos frente al abuso del mercado inmobiliario. Entre sus principales propuestas, incluye:
1.- Eximición total a inquilinos del pago de comisiones inmobiliarias
El proyecto prevé eximir totalmente del pago de comisión inmobiliaria a los inquilinos, y establece un tope del 4,15% del monto total del contrato sobre la que se cobre a los propietarios.
2.- Oficinas comunales de atención al público y certificación gratuita de firmas
La propuesta también crea oficinas de asesoramiento y atención al público en cada comuna, que a su vez certificarán en forma gratuita las firmas de los contratos de alquiler.
3.- Informes de dominio gratuito
El proyecto prevé también que se entreguen en forma gratuita los informes de dominio que se soliciten para la celebración de contratos de locación.
4.- Sistema de sustitución de garantías para inquilinos
Para los inquilinos que trabajan en el Estado de la Ciudad se implementa un “Sistema de Pago Asegurado”, por el que podrán optar en reemplazo de la garantía propietaria quienes suscriban contratos de alquiler, que asegura más eficazmente el cobro a los propietarios, al mismo tiempo que facilita el acceso a la vivienda a los inquilinos.
Al mismo tiempo, se prevé que este sistema pueda extenderse a inquilinos en relación de dependencia en el Estado de la Ciudad, así como de empresas privadas, y se dispone la creación de un sistema alternativo que permita que los trabajadores informales y monotributistas el acceso a garantías que les permitan alquiler.
5.- Prevención de la discriminación contra inquilinos
El proyecto establece que las negativas a alquilar un inmueble por factores como etnia, nacionalidad, religión, sexo, ocupación, composición familiar, y la exigencia de que las garantías sean de un familiar directo son “actos discriminatorios” en el marco de las leyes locales y nacionales que los sancionan (ley 5.261 y ley 23.592).
6.- Contrato modelo de alquiler
Se propone un contrato modelo de alquiler de referencia, que elimina las cláusulas abusivas en perjuicio de los inquilinos que suelen incluir los contratos tipo que proponen las inmobiliarias, y se incluye la obligación del Poder Ejecutivo de establecer un sistema de difusión e incentivos para que este modelo sea utilizado.
7.- Campaña masiva sobre derechos del inquilino
Entre sus disposiciones, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a implementar una campaña masiva de difusión de los derechos de los inquilinos y de los canales institucionales existentes para denunciar incumplimientos
8.- Comisión especial para elaboración de propuesta integral
Finalmente, se propone crear una comisión interdisciplinaria entre organismos estatales con competencia en la materia y organizaciones especializadas o del sector, para la elaboración de una propuesta integral en la materia.
Las organizaciones autoras del proyecto buscan el acompañamiento por parte de la totalidad de los bloques parlamentarios en la legislatura de la Ciudad, con miras a su aprobación urgente.
