La concepción dominante de la vivienda como activo financiero —como inversión y como negocio— exige un mercado cada vez más amplio de personas obligadas a pagar una renta mensual en constante aumento. Ese mercado somos quienes alquilamos: quienes destinamos una porción creciente de nuestros ingresos a la inmobiliaria, al rentista —mal llamado propietario—, al administrador de expensas, a escribanos, abogados y entidades financieras.
En Chile, más del 26 % de los hogares están ocupados por inquilinos; hace veinte años eran el 17 %. Desde 2022 rige el denominado “desalojo exprés”, instaurado por la ley conocida como Devuélveme mi casa, que habilita al rentista a solicitar el desalojo inmediato ante atrasos en el pago —desde un mes— y a reclamar resarcimiento económico. Con el equivalente al valor de un mes de alquiler de un departamento de un ambiente (aproximadamente 400.000 pesos chilenos), puede promover el trámite. El esquema normativo es similar al vigente hoy en la Argentina: amplia tutela del derecho de quien invierte en vivienda y escasa protección para quien la habita.
En Brasil, durante la última década, se incorporaron 11 millones de nuevos hogares inquilinos a los 35 millones ya existentes. La tendencia es sostenida. La legislación brasileña no regula el precio del alquiler: lo fija el propietario, y la mayoría de los contratos prevé actualizaciones anuales por inflación.
En Uruguay también aumenta la proporción de inquilinos. A nivel nacional representan alrededor del 20 % de los hogares; en Montevideo, la cifra se aproxima al doble, en línea con lo que ocurre en Buenos Aires. En veinte años, el crecimiento ha sido significativo. Uruguay, al igual que la Argentina, mantiene un elevado porcentaje de viviendas vacías, especialmente en zonas costeras. La inversión se concentra —como aquí— en unidades pequeñas, que ofrecen mayor rentabilidad por metro cuadrado. Asimismo, incorporó el denominado “desalojo rápido” como alternativa contractual para quienes no cuentan con garantía.
