En el período que abarcó la revolución nacional, o concretamente el primer peronismo (1943-1955), se transformó la matriz de acceso a la vivienda.
Para facilitar la lectura, vamos a sintetizar las medidas y los resultados concretos que produjo el Estado peronista durante esa década. Nos referimos a un tiempo donde el 82% de los hogares eran alquilados (1943) y que se reducirá -políticas públicas mediante- a un 52%:
– El 29 de junio de 1943 el gobierno revolucionario que había abortado la continuidad del régimen fraudulento llamado “década infame”, dictó un decreto que modificará sustancialmente la calidad de vida de los hogares inquilinos. “A partir del 1 de julio próximo los actuales precios de locación serán rebajados de acuerdo a porcentajes que se aplicarán sobre los que regían al 31 de diciembre de 1942”. En el mismo decreto se incluía la suspensión de los desalojos y la prórroga de todos los contratos que vencieran antes de los próximos 18 meses.
– Asimismo, se creó la “Cámara de Alquileres”, organismo público que controlaría el cumplimiento de las medidas que se decretaban y fijaría los valores de las viviendas nuevas en alquiler, así como las sanciones a locadores que no aceptaran familias con niñxs menores de edad. Una de las primeras medidas que tomó la Cámara de Alquileres fue informar que la privación de luz, calefacción, baño, etc., era considerada una infracción; que cualquier falta que necesitara constatación requería la autoridad policial más inmediata; y que eran nulos los contratos que se firmasen renunciando a las rebajas del decreto 1580/43.
– La incidencia del alquiler sobre los ingresos, tomando como base la década infame (1930-1943) representaba algo más de un 25% de un obrero industrial. Al finalizar el gobierno popular -por acción de una dictadura militar-, el gasto mensual del alquiler de vivienda en relación a los ingresos llegaba apenas a un 8%.
– La estatización de la banca fortaleció el rol del Estado, que convirtió al Banco Hipotecario en una entidad dedicada casi exclusivamente al crédito para la vivienda, sin necesidad de ahorro previo y con tasas de interés negativas (muy inferiores a la inflación).
– En 1948 se votó la ley de propiedad horizontal, que autorizó la construcción de edificios para adjudicar departamentos a distintos propietarios: es decir la subdivisión, la formación de los consorcios, el acceso masivo a la vivienda.
– Sancionó una Constitución Nacional (1949) que incorporó “la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica”.
– Paralelamente el Congreso, durante todo el período peronista siguió prorrogando los contratos de alquiler y manteniendo el precio congelado.
Control riguroso del precio del alquiler; crédito accesible sin ahorro previo y con respaldo técnico de la banca pública (arquitectos del Banco Hipotecario); garantía de continuación del contrato con prórrogas de cumplimiento obligatorio; creación del organismo de control, sanción y negociación (la Cámara de Alquileres); construcción de barrios obreros y desarrollo de viviendas en toda la curvatura de la General Paz, en Caballito, La Boca, Parque Avellaneda, Flores Sur.
El Estado del primer peronismo se hizo cargo de la protección a la vivienda inquilina, y ni siquiera las peores intenciones de las dictaduras militares que se adueñaron del poder de 1955-1957 y de 1966 a 1973, pudieron terminar con la tutela al alquiler. Será el último dictador y su ministro de Economía, Martínez de Hoz, los que en 1976, arrasaron con la legislación del primer gobierno nacional y popular.